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Hace tiempo publicamos la primera parte de esta nota, donde les comentábamos las tácticas que usaron algunas de las empresas más poderosas de software (Microsoft Corporation, Adobe Systems, Symantec y Autodesk) para sacar del mercado a una empresa mexicana, artimañas dignas de una película de gangsters, como la de declarar falsamente ante el Ministerio Público Federal, continuar dolosamente el trámite de una averiguación previa, prefabricar, comprar y aleccionar testigos, e inclusive, falsificar facturas.

Ahora le hacemos un pequeño agregado a la nota, ya que nos enteramos que se ha llamado a  rendir cuentas a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en torno a su relación con las empresas antes mencionadas, integrantes más notables de lo que se conoce como la Business Software Alliance (BSA), para que se aclare cualquier relación o convenio que pudiera existir entre la PGR y el IMPI con la BSA. Ya que en palabras de la promotora de esta propuesta, la senadora Victoria Eugenia Méndez Márquez (PRI), la BSA han publicitado, en una página de INTERNET de Microsoft, que como organización tiene por objeto, entre otros, «el entrenamiento de jueces, peritos, policía, inspectores, etc» así como el contratar Despachos para «realizar operativos judiciales» y llevar a cabo «la comunicación y difusión de esos operativos» y que según la legislación actual aplicable lo anterior solo lo pueden llevar a cabo las autoridades competentes.

Les dejo la liga al punto de acuerdo públicado en la pagina del senado y a una nota públicada en Milenio al respecto.